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, XVIII, 31, (2018). ISSN 1695-6214 © Jesús María Garayo Urruela, 2018
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como el remplazamiento del cultivo de cereales por pastos y frutales, la política
hidráulica, el fomento de la repoblación forestal, la liberalización del mercado
de produciones agrarias, la suspensión de las ventas de los patrimonios
concejiles o el apoyo socioeconómico al pequeño campesinado.
La obra intelectual de Altamira, pese a la dispersión temática y al variado
utillaje disciplinar utilizado, se caracteriza por la unidad en las directrices
orientadoras y los objetivos perseguidos. Los contenidos agrarios de su
pensamiento social no son, por ello, sino parte de su propuesta global de
cambio social. La reforma social planteada por Altamira, en la variante agraria
como también en la obrera, abogaba por la conciliación de la propiedad privada
con el bienestar social colectivo y en último término, aspiraba a mantener el
equilibrio de un sistema económico regido por el beneficio y lucro individuales
con las necesidades vitales del conjunto de los seres humanos
10
. El fin
perseguido radicaba, en definitiva, en liberar a las familias y sectores sociales
populares de los procesos de la desprotección, empobrecimiento y exclusión,
en los que podían verse inmersos por la acción de un sistema económico
dirigido por unos mercados controlados exclusivamente por intereses privados.
La reforma social planteada se movió dentro de los parámetros distintivos del
liberalismo social: ideario económico liberal, corregido desde una orientación
social progresista, y respeto a la pluralidad democratica en la vida política. En
este sentido, Altamira asignaba al Estado el papel de crear las condiciones y
amplitud jurídicas necesarias para el desarrollo y dinamización de las
actividades individuales y organizadas asociativamente por industriales,
comerciantes, campesinos, obreros, etc. con el bienestar común y la
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Altamira evolucionó con el paso del tiempo desde una posición inicial de “tutela educativa” de
la clase obrera (Altamira, 1898a, 1902b, 1914b y 2005), propia de la élite institucionista, a otra
más avanzada que desde una posición de aliado, la divulgación cultural se convertía para una
clase social emergente en una oportunidad de fortalecimiento de sus plataformas sindicales y
políticas, que abogaban por valores sociales (solidaridad, sociedad secularizada), compartidos
por el pensador institucionista (Álvarez Buylla y Altamira, 1917). Para este tema, puede
acudirse a Ortí (1987). El programa de cambio social del alicantino se ubica entre los más
avanzados de los formulados por pensadores institucionistas, en plena coincidencia, por otro
lado, con una persona que ella misma se ubicó en la “extrema izquierda” institucionista en
“materia política, social y religiosa” (Ramos Pérez, 1987, pp. 145; Asin y al., 1987, p. 44).